PRÓLOGO: Dr. Manuel Alcaraz, GVA

PRÓLOGO: ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE TRANSPARENCIA, DEMOCRACIA Y ÉTICA PÚBLICA

Manuel Alcaraz Ramos

Profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Alicante

Conseller de Transparència, Responsbalitat Social, Participació i Cooperació de la Generalitat Valenciana

Teme, alma mía, la grandeza.

Y si no puedes vencer tus ambiciones,

con cautela y precaución secúndalas.

Cuanto más adelante vayas,

estate más atenta y avisada.

(C.P. Kavafis. “Idus de marzo”).

Es para mí altamente  gratificante escribir estas breves notas a modo de Prólogo. Espero que no se entienda esta afirmación como mero recurso retórico porque tengo dos importantes razones para hacerla.

La primera es que mi contribución es una forma grata de reencontrarme con colegas estimados, aunque a la mayoría de los autores sólo los conozca a través de la lectura de sus textos, lo que no es mala manera de conocer a académicos. Dedicado actualmente  a tareas políticas, no puedo, ni quiero, ocultar una cierta nostalgia por los momentos de reflexión tranquila, las horas sumergidas en lecturas, la pausada toma de notas, la búsqueda e identificación de nuevas dudas con las que proseguir la indagación disciplinar. Y la conciencia de que, en materias como las de esta obra, no supone todo ello un aislamiento de la época que nos ha sido dada vivir, sino, al revés, una forma peculiar de intervenir en y sobre la realidad. Verme convocado ahora a esta tarea, pues, me redime momentáneamente del tráfago cotidiano que implica la toma de decisiones, el oficio de actuar con prisas, de sentirse tan presionado por el vértigo del acierto como por el acecho del error. Por los riesgos, por cierto, de asumir dosis suplementarias de un vivir más transparente que el de la mayoría de mis ciudadanos.

La segunda es, curiosamente, tanto complementaria como contradictoria con lo que acabo de decir. Contradictoria porque una de las tareas de la Consellería que ocupo en la Generalitat Valenciana, y una de las más relevantes, es la de promover la transparencia en nuestro ámbito competencial y en los hábitos regulares de las instituciones autonómicas y locales. Pero transparencia volcada a unos objetivos más generales, más de emergencia democrática, después de tiempos negros marcados por la corrupción y el desinterés autoritario por lo público. No es casualidad que la Consellería incluya, junto a transparencia, términos como responsabilidad social, participación y cooperación. La transparencia, así, debe ser la vecina cómoda, afable y servicial de estos otros valores, hasta conformar, en realidad, una gavilla en la que cada aspecto sea inseparable de los otros. La contradicción, entonces, deriva de constatar que esos valores no han sido capaces de encontrar un reflejo justo y adecuado en el Derecho Constitucional. Este hecho, me parece, supone uno de los mayores retos a la hora de redefinir una teoría de los Derechos Fundamentales y, en definitiva, nos convoca a la reflexión sobre el impacto de nuevas realidades en la redefinición de la democracia constitucional, cada vez más dubitativa ante los valores que puede y debe incluir como argamasa de sus prescripciones normativas. La misma definición canónica de Estado social y democrático de Derecho se tambalea si en los tres aspectos integrados de la misma no hay cabida para nuevas maneras de dibujar las democracias complejas, la virtud de la hospitalidad, el aliento de los comportamientos transparentes, las formas concretas en las que el poder se hace responsable ante la ciudadanía: todo ello, en definitiva, nos remite a la necesidad de aparejar nuevas preguntas sobre las fuentes de la legitimidad.

Pero, como decía, a la vez, estas constataciones son complementarias con esa nostalgia con la que comenzaba este escrito. Porque lo que pudiera quedar en visiones naif de los problemas y de sus posibles soluciones, algo que muchas veces ocurre cuando los análisis de fondo son sustituidos por la ignorancia que se envuelve en la bandera de la buena voluntad, quizá pueda hallar parco remedio en mi experiencia profesional y en mis exiguos conocimientos profesionales. Admítaseme al menos una cierta sensibilidad por ubicar las cuestiones con las que me voy enfrentando en la cotidianidad política, en un marco referencial jurídico-político que, espero, puedan dotar a estos asuntos de una determinada profundidad, que les otorgue tanto una cierta genealogía como un diseño estratégico que no se agote en lo que previsiblemente puede hacerse en cuatro años que, seguro, es insuficiente, porque en política hacer camino significa siempre iniciar el camino. Todo sea por no resbalar en la trivialidad, por no querer hallar refugio en lo obvio, por no dejarse seducir por los ensueños de lo irrealizable.

Desde estas premisas me permitiré algunas pequeñas reflexiones, apenas apuntes para ulteriores desarrollos.

Sea el primero la necesidad de establecer vínculos con ideas y experiencias firmemente arraigadas en la historia del pensamiento y de la acción política. No en vano la transparencia aparece lingüísticamente asociada muchas veces a la idea de buen gobierno. Este buen gobierno no deja de ser una forma de constatar que la política es dinámica y no es casual que surja con fuerza en las repúblicas italianas a finales de la Edad Media. Frente a al estatismo de la filosofía política clásica y de la mayoría del pensamiento político medieval, es en pinturas de Giotto o Lorenzetti, en Padua o Siena, donde apreciamos la germinación de una nueva sensibilidad: el gobierno no es cosa, sino un fluir de lo concreto que provoca efectos tangibles en la vida de las personas. En esa misma constatación hay un abrir de vanos en los muros del poder: no hay dos universos paralelos, cerrados, el de los gobernantes y el de los gobernados. Todo es más sutil y lo constatará Maquiavelo cuando observe que una de las cosas que más le fascinaban era el cambio de actitud de las personas cuando están “en la plaza” y cuando están “en el palacio”. Más allá de la acerada observación que aún es válida desde una perspectiva moral, la afirmación denota la apreciación de la variabilidad, de una alteridad de comportamientos estrictamente condicionado por los cambios en la función ciudadana y política. No en vano “El Príncipe” puede considerarse el primer portal de transparencia, más allá de los arcana imperii tradicionales, por que ahora el pensamiento del poder se desvela a través del conocimiento de los actos, y no de la supuesta observancia de apriorismos ético-religiosos. Que esto lo revele un secretario no es una paradoja, sino una necesidad del proceso histórico.

La estancia en la plaza y en el palacio requiere de un trasiego que abre puertas, que incita a la mutua observación, a la circulación de luz entre ambos ámbitos. El advenimiento del Estado absoluto, podría pensarse, encierra al poder en los despachos, pero lo hace con la condición de un renacimiento del escenario del príncipe, de una representación ambigua a veces, pero siempre presente en la conciencia del poder: Tiziano, Moro o Velázquez emblematizan sobremanera esa sutil transparencia engalanada que los gobernantes requieren para traslucir su magia más allá de los límites de su palacio.

La genealogía de la transparencia, pues, se instala en la fibra misma de la modernidad. Y en esa misma honda histórica Descartes aporta un sentido filosófico que también acabará por prender en el discurso de las cosas: la duda ante lo absoluto se impone alentando a la razón como instrumento de relación. Llegado el tiempo, gobernar no será tener razón sino ser capaz de imponer razones. Y, llegado el tiempo, la duda racional se transformará en una cultura de la sospecha que no atenderá en muchas ocasiones a los argumentos racionales, sino que preferirá resbalar por la emotividad y lo que es apreciado como intuitivamente moral, llegando a veces a aberraciones espectaculares. Si el símbolo de la modernidad son las ventanas abiertas por las que circula la luz, el símbolo de los autoritarismos es el balcón al que se asoma el líder que proporciona la salvación contra las dudas, la seguridad de la bondad mística de las acciones colectivas. ¿No hay una cierta perdurabilidad de esa dialéctica entre la duda frente al poder omnímodo y la sospecha ante todo argumento complejo y los actuales debates sobre el alcance y los medios de la transparencia?

No es cuestión de proseguir con este hilo histórico. Baste rememorar las Revoluciones burguesas como aperturas gigantescas de las puertas del palacio. Pero ello no se hará sino a beneficio de inventario: el paso al palacio de una nueva clase dirigente podía también invitar a franquear los límites al pueblo, tan cantado pero tan temido cuando, como Napoleón pregonara, la novela de la Revolución concluyera y comenzara la época del disfrute de sus beneficios. No supone esto, por supuesto, la negación de la importancia histórica de estos procesos; sí supone advertir que la autolimitación del poder del Estado, que se inscribe en las banderas liberales, tendrá también sus límites. Si el liberalismo se transforma en una fuerza conservadora al servir de legitimación al capitalismo naciente es porque, como Marx advirtiera, de lo prometido al “ciudadano” se apropió el “burgués” –burgués varón, cabe apostillar-. De esta manera el proyecto liberal acaba por ensombrecer la luz de la Ilustración. O, mejor dicho, el proyecto universalizante de una opinión pública abierta a todo brillo de la razón y el conocimiento, acaba refugiándose en la seguridad de una jerarquización del poder, que puede autolimitarse porque es cosa –propiedad- de unos pocos, convergentes en sus intereses y en sus gustos.

Benjamin Constant, en 1819, en su famosa conferencia “De la libertad de los antiguos en comparación con la de los modernos”, deja una meridiana radiografía de esto. Para aquéllos la libertad era participar, para los actuales “ser representado”. La deriva a la representación deja caer sobre la gran mayoría –mujeres, iletrados, trabajadores, campesinos…- un manto de oscuridad. Sólo con muchas fatigas la democracia podrá rescatar la luz de esta manera de entender la representación que, por cierto, aún pervive, aquí y allá, en muchos gobernantes, convencidos de haber sido elegidos para hacer lo que deseen, sin rendir cuentas más que cada cuatro años. Sin duda Constant es un depurado e inteligente actor de la deriva más conservadora del liberalismo y podríamos encontrar otras facetas dignas de tener en cuenta –De Tocqueville, J.S. Mill-. Pero lo más sugerente de su estudio es que, a pesar de sus críticos, no dejaba de tener buena parte de razón. Esta es una reflexión a aplicar a algunos defensores pertinaces de una suerte de rousseaunismo sin causa, que ignoran que, más allá de la evidente trampa de clase que establece Constant, los tiempos de liberalismo y la democracia tienen componentes que disuaden a muchos de participar activa, cotidianamente en los asuntos públicos. Quizá no se trate de un regreso al hogar y la oficina para la dedicación intensiva al negocio, pero sí el hecho de que las sociedades actuales, complejas, ricas en estímulos, también se distinguen radicalmente por establecer límites entre los ámbitos de lo público y lo privado. Y eso, en muchas ocasiones, ha sido también reivindicación progresista. Sigue siendo realidad que buena parte de la ciudadanía no desea una democracia radicalizada, en la que su base se incline a lo directo-participativo. Muchos tratadistas de la cuestión saben que una vez establecidos mecanismos de participación política lo más difícil… es encontrar a ciudadanos que deseen usarlos. Por supuesto no debemos magnificar esto: hay razones ideológicas, culturales, inercias de todo tipo que favorecen una democracia vertical, en la que unas élites se apropian de buena parte del discurso. Pero ello no obsta para conocer el problema, para intentar conjurarlo usando el nivel de albañil y no el péndulo, sobre todo si recordamos que muchos momentos en los que la participación si crece lo hace en términos de protesta/reivindicación ligada a intereses particulares –a veces legítimos, a veces no- que pueden transformar la idea del ciudadano responsable en la del ciudadano-usuario de la maquinaria democracia, sin las virtudes, por deterioradas que estén, de los mecanismos clásicos, de integración de posturas contrapuestas y de preservación del pluralismo. La cuestión es especialmente relevante a la hora de relacionar las decisiones que se adopten para incrementar la transparencia con la democracia participativa.

El estado social alteró muchos de estos presupuestos: trascendió la experiencia liberal-democrática al ubicar en el centro de su discurso la cuestión de la igualdad, pero, al mismo tiempo, abrió el Estado a una insospechada cantidad de atribuciones: la gestión ocuparía la centralidad de muchos objetivos políticos invisibles, la potencia de las ideas decaería relativamente y abría nuevos espacios para que la justificación de las zonas de sombra se esparcieran, y tanto más en cuanto que la Guerra Fría abonó la cultura de la sospecha siempre latente, hasta convertirla en un ingrediente de la cultura de masas. Su crisis, coincidente con la emergencia tendencialmente ilimitada de nuevos mecanismos de almacenamiento y difusión de la información, pondrá la cuestión de la transparencia en un marco nuevo.

En efecto, la segunda reflexión que quería hacer es que las demandas más o menos masivas de transparencia son hijas de crisis, aunque puedan ponerse ejemplos de prácticas inscritas en las culturas democráticas de sociedades particulares que no han requerido, aparentemente, de grandes convulsiones. Así fue cuando la sospecha se enseñoreó de la vida política norteamericana en la década de 1970, con el encadenamiento de Vietnam, los Papeles del Pentágono, Nixon y su Watergate, la ola de asesinatos políticos, etc. La respuesta intelectual e institucional, genuinamente liberal-progresista, consistió en la configuración de un derecho a la información que enriqueció notablemente el marco de la libertad de expresión y que se ha trasladado a la mayoría de ordenamientos constitucionales… no sin plantear problemas acerca de sus límites, sobre todo en la medida en que serán épocas en que también crezca la preocupación por el derecho a la intimidad y, en particular, en relación con la protección de datos automatizados.

La ola actual, incluida la que vivimos en España y a la que ahora me referiré especialmente, no puede explicarse sin otra crisis, aunque de perfiles más complejos y distinta sustancia. Me refiero a la propia crisis económica, un episodio inesperado de la lucha de clases, iniciado y mantenido por nuevas clases ultracapitalistas con afán de gozar de su dominio sin cortapisas y que ha arrasado buena parte de las certidumbres que aportó el Estado social. La igualdad ya no es el valor predominante, sustituido por otras alusiones a la eficacia, la competitividad o la meritocracia y el resultado esencial es la ruptura de la cohesión social, el bien más preciado desde el final de la II Guerra Mundial en Europa y parte de América. Ese deterioro del horizonte socio-económico ha arrastrado, a su vez, el sistema de garantías democráticas, poniendo en tela de juicio la arquitectura representativa clásica y el sistema de protección de Derechos.

En algunos lugares, además, ha situado la corrupción en el primer plano de los discursos públicos, para que sus protagonistas pudieran ser puestos en evidencia. Corrupción de varios niveles: gran corrupción, penalmente perseguible; corrupción capilar o de baja intensidad, que contagiaba a capas amplias de la población en lugares donde la economía se deslizaba al negocio fácil; corruptelas diversas, decadencia de los mecanismos administrativos de control, desprecio por las formas democráticas, partidismo voraz, partidismo impotente, clientelismo rampante. Lo esencial, en todo caso, es comprender que una vez que la ruptura de la cohesión alcanzó un punto de comprensión social amplio, amplias capas de la población establecieron vínculos entre crisis y corrupción y ésta pasó de ser una serie encadenada de anécdotas insultantes a ser considerada como una forma de violencia simbólica, de insultante contraste entre los beneficiarios de la rapiña y las crecientes bolsas de pobreza, de desahuciados, de parados….

La transparencia se ha ido constituyendo en el imaginario colectivo crítico, en la España herida por las crisis, en una suerte de panacea, un concepto abierto capaz de remediar muchos males, incluso en sí una forma de castigo, una cierta venganza que algunos sectores de la sociedad quieren cobrarse de los corruptos y, quizá, de todo político. La transparencia, por lo demás, como otros dispositivos de una nueva cultura política que pugna por abrirse paso entre las arqueologías gastadas del periodo constituyente –gravemente puesto en entredicho por la insensibilidad de los grandes partidos para propiciar reformas constitucionales-, no puede evitar verse contaminada por rasgos generales de nuestra cultura, con sus tintes barrocos, esa cultura masificada y dirigida desde lugares intransparentes que intenta asegurar a muchos aquella premonición de Warhol: el cuarto de hora de gloria. La tensión entre intimidad y fama es hoy más evidente que nunca y se ha trasladado al formato mismo de muchas mal llamadas “tertulias” radiofónicas o televisivas, escaparates de la reducción al absurdo de algunas nobles intenciones o, sencillamente, fábricas de maquillaje de cualquier estulticia. Eso, para algunos, desgraciadamente, es la ambición máxima de la transparencia.

Y, sin embargo, la transparencia está llamada a convertirse en una pieza central de la regeneración democrática. Sobre todo y ante todo porque sólo bajo su bandera será posible que grandes franjas de ciudadanía no contemplen la política desde el prisma principal de la desconfianza: la transparencia puede ser una palanca insoslayable para volver a propiciar la politización de los conflictos, una politización que no se confunda con los meros intereses partidistas. La transparencia, igualmente, debe ser una herramienta indispensable para renovar las teorías y prácticas de los movimientos sociales: la ruptura del velo de secreto que aún oculta algunos espacios sagrados de lo político permitirá vertebrar con más eficacia y raciocinio las agendas reivindicativas, con conocimiento suficiente de las consecuencias de esas mismas demandas. La responsabilidad puede ser un instrumento decisivo en el renacimiento de la responsabilidad política como una de las categorías axiales de lo democrático, pero responsabilidad, ahora, no sólo concebida como hostigamiento de los poderes ejecutivos sino, también, como responsabilidad compartida por todos los actores sociales implicados en la dialéctica democrática.

La tercera reflexión viene a ser un corolario prudencial de la anterior. Porque lo dicho no supone concebir la transparencia como panacea de todo mal: nunca podrá serlo y el poder puede, y aun debe, disponer de recursos para poder tener la primacía de algunas iniciativas políticas. Pero si no es panacea es porque, contra lo que algunos parecen defender, la transparencia no es una finalidad en sí misma. En las páginas anteriores he tratado de referirme siempre a “instrumento”, “herramienta”, etc. porque ese es su papel. Por lo tanto lo esencial en la profundización democrática en la que se debe inscribir la reivindicación de transparencia es la definición de los fines que se quieren alcanzar con el uso de los mecanismos disponibles. Por supuesto que es concebible y provechoso una suerte de inspección genérica de los actos del poder, a cargo de la oposición o de entidades cívicas preocupadas por tal o cuál cuestión. Pero si dejamos que esa tesis se imponga como función deseable a toda la sociedad, la democracia puede verse pervertida al confundirse con una ostentación pública y cotidiana de la curiosidad, quizá en sus aspectos menos nobles, lo que no haría sino profundizar el desprestigio de lo político y, en fin, devaluar la imagen misma de la democracia. Los datos, todos los datos posibles, deben estar disponibles como profilaxis frente a los abusos, pero si desde los medios de comunicación, algunas fuerzas políticas o entidades sociales, se alienta la búsqueda selectiva e intensiva de aquellos aspectos que más afecten a la vida privada, el remedio será peor que la enfermedad. Como ha recordado Innerarity, se estaría preparando el camino para nuevas zonas de sombra, que escaparan del público escrutinio y, al mismo tiempo, se debilitara el espacio clave de la democracia deliberativa, al relativizarse o suprimirse el debate sobre asuntos políticos de calado en favor de las vaguedades de lo aparencial, filtradas por los códigos de lo espectacular, de la política del corazón.

Quizá todo ello se pueda llegar a producir por la confusión entre el resultado: la transparencia, y los medios privilegiados para poner al alcance público la información política, en especial la publicidad activa sobre aspectos del gobierno y la administración. La transparencia, a veces, parece resumirse en los “Portales de Transparencia”, imprescindibles sin duda para la correcta transmisión de los datos de interés pero que no agota la cuestión. Podemos vernos sometidos al estrés de lo posible, tan ligado al desarrollo exponencial de las arquitecturas informáticas, de tal manera que cualquier asunto que pueda estar accesible en una pantalla deba estarlo sin demasiado debate de fondo. Analizar las mediaciones entre lo jurídico, lo político y lo técnico en esta cuestión está aún muy lejos de haberse producido. Probablemente sea pronto, y también sería injusto llegar a conclusiones restrictivas con anterioridad a la puesta en funcionamiento de sistemas informáticos plausibles y de estudiar su uso y eficacia, tanto en términos administrativos como en su impacto ante nuevas demandas y acciones políticas.

En definitiva, todo ello nos está remitiendo una y otra vez, aunque la palabra no aparezca demasiado, a las nuevas fronteras entre lo ético, lo jurídico y lo político. El debate es tan viejo como complicado. A mi modo de ver los dos polos se sitúan así: A) El empeño en definir un elenco de valores éticos muy extenso e imponerlos jurídicamente a la sociedad es muy peligroso porque pone en riesgo, a su vez, un valor supremo: la autonomía de la política en un Estado plural y democrático. B) Olvidar que la Constitución y otros textos centrales también crean o consagran valores éticos es un error, porque conduce a la democracia a la mera suma de procedimientos y, con ello, a su extrema vulnerabilidad ante los poderes privados y, a la larga, a su crisis de legitimidad en contextos sociales complicados. Una forma de salir de este bloqueo podría ser: A) Repensar en términos positivos abiertos los valores establecidos en la Constitución en el artículo 1.1 y 10, junto con lo que se deriva de los Derechos Fundamentales y lo que se indica al respecto en Estatutos de Autonomía y Tratados de la UE, así como intentar su ampliación en una futura reforma constitucional. B) Establecer normas jurídicas en las que existan partes declarativas, directrices que vayan consolidando un suelo ético que proponga a la sociedad consensos –que siempre, en términos históricos, serán provisionales- sobre valores emergentes asociados al buen gobierno y que encuentren engarce con los valores constitucionales.

Este proyecto está estrechamente ligado a la transparencia en cuanto que, como dije, transparencia se ha configurado en la práctica como un valladar contra la corrupción. Pero conviene no olvidar que los discursos críticos dominantes sobre la corrupción, los más ricos sobre los valores políticos que circulan en la sociedad, tienen un componente netamente negativo –es moral no aprovecharse del cargo- y económico –no es moral desviar dinero público en beneficio privado-. Ambas ideas son impecables, pero, creo, hay que propiciar debates positivos: la definición de actitudes y comportamientos de los gobernantes que procuren conformar una sociedad más cohesionada, más integrada en torno a los valores a los que me referí hace un momento. En esa tarea los mecanismos de transparencia vuelven a configurarse como vacunas y cortafuegos y, a la vez, como factores de evaluación de la realidad.

Pero aún queda por advertir un último peligro que es configurar todo esto desde los patrones del neopuritanismo y del exhibicionismo moral, de tal manera que la transparencia se pervierta al convertirse en pantallas publicitarias de la bondad ostentosa del gobernante. Si se me permite la broma, pronto veremos agencias de publicidad especializadas en el rostro moral del contratante. Todo puritanismo, históricamante, ha derivado en alguna forma de hipocresía. Recordemos, en fin, el verso de Machado: “la envidia de la virtud hizo a Caín criminal”, y esperemos que no haya demasiado envidioso de las virtudes proclamadas en neón. Que, mejor, algunos recobren el mandato evangélico y que a la hora de las buenas obras, su mano derecha no sepa lo que hace la izquierda.

Hasta aquí estas reflexiones. Creo todas ellas planean sobre los muy interesantes artículos que componen esta obra. También creo que servirá para guiarnos a todos los comprometidos en la obra de mejorar la transparencia y, con ella, la calidad democrática. Me parece que se va a convertir en una obra de referencia, sobre la que habrá que volver una y otra vez. Seguro que el camino que abre será seguido por otros autores y que los políticos tendremos en cuenta las interpretaciones que se proponen. Y aquellos que, como yo, seamos, a la vez, juristas teóricos y políticos, quedamos comprometidos a aprender, a difundir, a ayudar, a pensar, a obrar. Muchas gracias por la enseñanza.

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